logo twMarcos H. De la Morena 

6,8 millones entre 2004 y 2015. Esta cifra es la que Hacienda considera que el ex vicepresidente de Jose María Aznar habría ocultado en sus declaraciones del IRPF tras salir del Gobierno. Según el informe oficial, más del 80% de ese fraude fiscal se habría producido entre los años 2009 y 2015, con 5,4 millones de euros. Durante 642 páginas de documentos, el Juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha expuesto sus conclusiones sobre las irregularidades de los cobros de Rodrigo Rato, quien llegaría a ingresar en sus cuentas entre estas fechas una “cantidad ligeramente superior a los 14 millones de euros”, de los cuales no habría llegado a declarar, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) cerca de 7 millones.

Según la propia ONIF, Rato habría conseguido reunir esos 14 millones gracias a “ganancias de patrimonio no justificativas derivadas del tráfico de dinero extranjero y no declarado fiscalmente, además de ingresos procedentes de trabajos como asesor, consultor de empresas y réditos por conferencias”.

El informe especifica que esos 5,4 millones no declarados desde 2009 provendrían de ingresos realizados mientras Rato fue presidente de Caja Madrid y Bankia, y después asesor de Telefonica, Santander y Caixabank. Se destaca especialmente que las adjudicaciones fueron mayores en estas tres últimas empresas, una de las cuales, Telefónica, estaría siendo investigada en estos momentos por ello como persona jurídica.

Hacienda afirma que Rato habría ingresado estas cantidades “de forma indirecta y encubierta”. En el caso de CaixaBank, el órgano tributario advierte de que esta entidad pagó a una empresa de Rato (Cor Comunicación) por servicios de publicidad, entre 2012 y 2015. Las cantidades ascenderían a un total de 540.000 euros durante esos tres años. La ONIF considera que 390.000 euros de esos pagos eran “manifiestamente superiores al valor de mercado de ese servicio de publicidad prestado y encubren una retribución a Don Rodrigo Rato, camuflada a través de unos servicios de publicidad que han sido claramente sobrevalorados”. En concreto, la Agencia sostiene que esta sobrevaloración se estima en 292.108 euros, “los cuales deben tributarse en el IRPF”.


MÁS INFORMACIÓN

Rodrigo Rato sobre la utilización de las “black”: “Lo consideré y lo considero plenamente legal”