logo twMarcos H. De la Morena 

El director de La Razón, y su presidente, Mauricio Casals, han podido declarar esta mañana ante la Audiencia Nacional, imputados por varios delitos de coacciones contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y de pertenencia a banda criminal.

Al parecer, estas presiones se habrían dado para que la popular no denunciara las irregularidades en los contratos del Canal de Isabel II, los cuales están siendo investigados en este momento en la operación Lezo. En el marco de la misma, se ha detenido ya al expresidente madrileño Ignacio González y a otra decena de políticos y empresarios.

«En mi vida la he presionado y en mi vida he intentado influir en un proceso judicial. Nunca hemos hecho nada incorrecto», ha declarado Marhuenda, alegando que las conversaciones telefónicas que sirven como pruebas de su acusación existían, pero que se han malinterpretado.

Tras esto, ha aludido a Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de su periódico y uno de los principales acusados en la operación Lezo. Sobrino era la persona con quien Marhuenda y Casals mantuvieron estas conversaciones vía móvil, con el objetivo de intentar ocultar sus delitos. «Eran unas conversaciones con un amigo que estaba desesperado. Hablando por teléfono, hay palabras que se pueden entender mal», ha puntualizado sin embargo el tertuliano.

Al parecer, y según ha declarado Marhuenda, Rodríguez sabía que las acciones que llevaba a cabo eran fraudulentas e ilícitas, por lo que necesitaba de la ayuda de La Razón y su influencia para evitar ser descubierto. «Edmundo estaba obsesionado con que se filtraran informaciones contra él desde la Comunidad de Madrid», ha comentado.


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