logo twDiana Fernández

  • El ministerio público asegura que al convocar la consulta eran“plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento”
  • Se le acusa de delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa

La consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 liderada por el expresidente de la Generalitat Artur Mas puede costarle diez años de inhabilitación tal  y como ha pedido la Fiscalía. A juicio de la institución, Mas es el «autor» de delitos de desobediencia grave y prevaricación administrativa tal y como recoge el escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Pero el expresidente ha contado con «cooperadoras necesarias«, concretamente la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau (ahora diputada de Junts Pel Si) y la exvicepresidenta Joana Ortega para las que los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled piden nueve años de inhabilitación. Según estos, los delitos han de castigarse de forma conjunta y por ello han pedido que durante el tiempo en el que estén cumpliendo pena, ninguno de los tres mencionados pueda desempeñar un «cargo público» tanto en «ámbito local como estatal». En caso de que esta acusación, que ya ha sido acogida por el TSJC, llega a juicio, la inhabilitación también se extendería para «el ejercicio en funciones de gobierno tanto en el ámbito autonómico como en el de Estado».

Aunque los fiscales pidan que las penas se impongan de forma conjunta, si el tribunal decide separar los dos delitos cometidos por los tres mencionados anteriormente, el fiscal ha propuesto una alternativa. Esta es la siguiente,  los fiscales reclaman nueve años y medio de inhabilitación y multa de 36.000 euros para Mas,  la pena alternativa para Rigau y Ortega sería de ocho años y siete meses y multa de 30.000 euros.

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat no ha tardado en reaccionar y ha asegurado que «“Su vergüenza es nuestra fortaleza”. Además ha mostrado su apoyo a la iniciativa, ”no estáis solos: somos más los que preferimos las urnas a las polillas. Las que han apolillado la democracia”. La exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega ha salido también en defensa de Mas señalando que “Nos quieren inhabilitar por habilitar que la gente hablase. Inédito en el mundo

En este plan independentista, según recoge el escrito de la Fiscalía, Mas, Rigau y Ortega «hicieron una estrategia de desafío completo y efectivo»  en la que eran “plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento”. 

Los fiscales señalan que para la organización del 9-N «se movilizaron cuantiosos recursos financieros públicos», a pesar de esto no se recoge en el documento ningún delito de malversación de fondos públicos, que sería la forma para pedir cárcel a los ya mencionados.

Ahora, para que el proceso judicial salga adelante  sería necesario que el TSJC dicte el auto de apertura de juicio oral, que supondrá para Mas, Ortega y Rigau encontrarse en el banquillo.