La consulta del 9-N se cifró con un coste de 5,1 millones de euros. Esta será la cifra que tendrán que pagar Artur Mas y otros altos cargos de la Generalitat por la consulta soberanista. El Tribunal de Cuentas ha citado ex mandatarios de Cataluña el próximo 25 de septiembre, a tan solo seis días del referéndum. El organismo exigirá el día de la citación que abonen una fianza por los gastos causados durante la consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional, del 9 de noviembre de 2014. En caso de que no lo hagan se podrían embargar sus bienes.
«Alimentar el miedo»
Este movimiento no ha sentado bien a la Generalitat. Carles Puigdemont lo ha etiquetado como una maniobra para «torcer la ley» y «alimentar el miedo para evitar lo inevitable». A su juicio este gesto ha sido premeditado ya que sucede apenas un día antes de que se vaya a aprobar, en teoría, la ley del referéndum. El vicepresidente, Oriol Junqueras, aseguró que «el Gobierno español abusa de las instituciones de su entorno en un intento de impedir el derecho a voto de los ciudadanos»
Esta investigación en un principio se dirigió a los los cuatro condenados penalmente por el 9-N, es decir, el propio Mas y los entonces consejeros Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega, pero durante la jornada del martes, el organismo citó a otros siete ex altos cargos de la Generalitat como son Lluís Bertran, exsecretario general de Gobernación; Josefina Valls, directora de servicios de Gobernación; Carolina Pardo, interventora del Consorcio de Educación; Jaume Domingo, director general del Diari Oficial de la Generalitat; Ignasi Genovès, director general de Difusión; Jordi Serra, jefe de sistemas de información del Consorcio de Educación; y Jordi Vilajoana, exsecretario de Presidencia. Todos ellos considerados como «responsables contables». Según ha asegurado el Tribunal de Cuentas cada uno de ellos tendrán que abonar la cifra de la que fueran responsables.
La Asamblea Nacional Catalana y (ANC) y Òmnium Cultural se han ofrecido para recaudar fondos para poder financiar las fianzas que imponga el tribunal el próximo 25 de septiembre. Las organizaciones ya han agrupado más de 450.000 euros. Hace varios meses ambas crearon una caja de ahorros para pagar las multas que corresponden a la consulta del 9-N.
