logo twMarcos H. De la Morena 

Pese a la petición de la Fiscalía de que se encarcelara al mayor de los Mossos d’Esquadra de forma incondicional y sin fianza, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha tomado la decisión de dejarlo en libertad. Sin embargo, sí se han decretado diversas medidas cautelares, como la retirada del pasaporte, o la prohibición de salir del país. Además, deberá personarse cada 15 días en el juzgado más cercano a su domicilio.

La magistrada justifica esta medida basándose en que los delitos por los que Josep Lluís Trapero está siendo investigado ocurrieron entre el 20 y el 21 del pasado septiembre, al no autorizar a la Guardia Civil emplazada en la Consellería de Hacienda a salir de la misma para evitar las movilizaciones ciudadanas pre-referéndum. Por tanto, no se puede relacionar estos actos con la realización y organización de la consulta ilegal del 1-O.

El auto de Lamela señala que: “Los hechos que señala el Ministerio Fiscal al solicitar su prisión se refieren a no haber efectuado los cordones necesarios para formar un pasillo a través del cual poder hacer llegar a los detenidos al edificio sede de la Consejería de Economía, no haber tomado medidas a primera hora de la mañana para evitar que la concentración evolucionara, rescatar los efectos que se encontraban dentro de los vehículos oficiales de la Guardia Civil y asegurar adecuadamente la salida de la comisión judicial y efectivos de la Guardia Civil”.

Por otro lado, para quienes sí ha decretado esa prisión incondicional sin posibilidad de fianza es para los otros dos acusados principales de la causa, Jordi Sánchez, líder de ANC y Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, al considerar que ambos sí participaron activamente en la consecución del llamado “fraude electoral” del primero de octubre. El texto publicado por la Audiencia Nacional argumenta que continuarán imputados por sedición “por su capacidad de convocatoria, al erigirse como interlocutores de las concentraciones”. También se señala que los encausados intentaron “coaccionar a las fuerzas de seguridad para sus fines políticos, además de impedir a los mismos cumplir las órdenes judiciales”.


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