La respuesta a la pregunta está en una investigación que se sigue en las Islas Canarias desde hace una década y que mantiene hoy encarcelado provisionalmente al empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev (ya jubilado), a su esposa Julia y a su hijo, el joven abogado Igor. Llevan 23 meses en prisión preventiva en la cárcel isleña de Juan Grande en una instrucción que apenas avanza, rodeada de polémica por la actuación policial de la UDYCO y de denuncias que están en el Consejo del Poder Judicial, que han llegado desde el Parlamento Europeo. Una investigación de la que hoy, con el sumario ya abierto, no han trascendido pruebas concluyentes contra los sospechosos.

En efecto, la titular del juzgado nº5 de Las Palmas, Ana Isabel de Vega, y el fiscal Luis del Río Montesdeoca entienden que hay indicios para sostener que esta familia de origen ruso asentada durante más de veinte años en nuestro país fue utilizada por el dictador de Guinea Ecuatorial para lavar dinero que tenía origen en el petróleo de la ex colonia española. ¿Cuánto? Más de 20 millones de dólares que la justicia canaria (por tantas razones en la picota) entiende que no forman parte de ingresos legítimos de la empresa de Vladimir Kokorev (Kalunga Company) sino que era dinero desviado directamente desde la Tesorería General del régimen de Malabo.

Los ingresos bajo sospecha, de la compañía de Kokorev, y que inicialmente fueron cobrados en el norteamericano Banco Riggs, no provocaron ningún tipo de acción judicial ni de ninguna otra índole por ningún organismo de la administración de Washington. Precisamente por eso, la defensa de la familia acusada ha acreditado: 1) que Vladimir Kokorev es el único propietario legal y de hecho de la ya desaparecida hace años ‘Kalunga Company’; y 2) que no fue en ningún caso testaferro de Obiang, hecho delictivo del que se le sigue acusando a pesar de que recientemente se ha decretado su libertad bajo fianza de dos millones de euros (que el empresario es incapaz de reunir).

La propia documentación hallada por la UDYCO en los registros a los domicilios (en Madrid y Las Palmas) de Kokorev, certifican la vasta y extensa actividad comercial del empresario hispano-ruso en el sector naviero: compra-venta de barcos, mantenimiento, reparación, y transporte de mercancías.

En el material incorporado al sumario aparece pormenorizadamente el rastro mercantil de Kalunga, la sociedad que según la juez De Vega mantiene hasta hoy es “una empresa fantasma” sin operativa y una herramienta de Obiang. En más de medio centenar de documentos no sólo se refleja ‘de facto’ la actividad que habría dado como resultado un volumen de negocio de unos 20 millones de euros. Tampoco aparecen elementos que hagan intuir que tras esa cifra hay algún tipo de actividad ilegal (o sospechosa de serlo).

Son numerosos los anexos a los que ha accedido DF Global Press en los que se establece que Kalunga no fue durante su etapa vital una sociedad interpuesta o pantalla, siendo sus objetivos empresariales legítimos. En ellos trasluce que Vladimir Kokorev no encubrió ni disfrazó legalmente ninguna operación o cuenta bancaria a beneficio del presidente Teodoro Obiang ni ninguna otra persona física o jurídica.

A la espera de reunir o recurrir la cifra millonaria de la fianza por desproporcionada, la salud del anciano empresario sigue empeorando. Padece una cardiopatía isquémica, sufrió antes de ingresar en prisión provisional infarto de miocardio y una grave intervención de próstata, presenta “dolores torácicos opresivos permanentes” y situaciones de inmovilidad transitoria en una de sus piernas. A eso suma, según se acredita en informes médicos, “continuos mareos con sensación de inestabilidad y visión borrosa de forma frecuente”.