El alto tribunal archiva la causa. Finalmente se ha impuesto el criterio de la Fiscalía y el Tribunal Supremo no investigará a Pablo Casado por su máster aunque si considera que recibió un trato de favor por parte de la Universidad. «La verdad siempre se impone» aseguró el secretario general de los populares Teodoro García Egea.
Este caso fue elevado al Supremo por la condición de aforado de Pablo Casado y aunque considere que existen indicios de que la conducta no fue la más apropiada entiende que no debe haber repercusiones legales pero si de algún otro tipo. Así se cierra el caso después de que Carmen Rodríguez-Medel la instructora del caso que pidiera abrir la causa porque había delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio.
De esta forma la Sala de lo Penal asume completamente el criterio de la Fiscalía dando por hecho que no existen ninguno de los delitos mencionados apuntando que «aunque pueda considerarse que de las actuaciones resultan indicios de que se ha dispensado un trato de favor al aforado, eso no es delito». Además el alto tribunal considera que en el caso de que se hayan dado irregularidades no son responsabilidad de Casado sino de la Universidad Rey Juan Carlos. Si es cierto que el presidente popular habría actuado como cooperador necesario para la comisión de estos delitos.
El tribunal entiende que no hubo ningún tipo de acuerdo previo:»Aunque pueda considerarse que de las actuaciones resultan indicios de que se ha dispensado un trato de favor al aforado, y que ella pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho Penal y, por lo tanto, a las competencias que la Constitución y la Ley atribuyen a esta Sala, de la exposición razonada no resultan indicios consistentes de que existiera un acuerdo previo o simultáneo del aforado con los responsables del máster para que tal trato le fuera dispensado, ni tampoco que el aforado haya realizado algún acto de aportación relevante al mismo que pueda valorarse como cooperación necesaria, u otra participación de menor intensidad, a un presunto delito de prevaricación, por lo que no se justifica la apertura de una causa penal»
