logo twMarcos H. De la Morena 

Tras la petición de la Fiscalía General del Estado, dirigida por José Manuel Maza, el Tribunal Supremo ha decidido que se aplique control policial tanto a la expresidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, como al resto de miembros de la Mesa de la Cámara que están siendo investigados.

Todos ellos fueron acusados el lunes pasado de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, tras autorizar y permitir la votación secreta de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) en Cataluña el pasado 27 de noviembre.

Se han acordado estas medidas para “tener la certeza de que seguirán a disposición de la justicia”, visto el precedente de el expresident Carles Puigdemont y los cuatro exconsellers huidos a Bélgica para eludir su declaración en la Audiencia Nacional.

Para certificar el cumplimiento de este rastreo policial, el juez instructor del caso, Pablo Llarena, ha solicitado a los acusados su domicilio personal y su número de teléfono móvil, para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan controlar sus movimientos.

Por último, la Sala del Tribunal Supremo ha decidido también dictar un aplazamiento en la propia declaración de Forcadell y los miembros de la Mesa. En un principio, estaban citados en la mañana de este pasado jueves 2 de noviembre, por lo que se les ha conminado a acudir a su declaración el próximo 9 de noviembre. Este cambio de última hora se debe a la petición de los abogados defensores, que han argumentado “no haber tenido tiempo para preparar las comparecencias debido a la premura de las comparecencias”.


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