Marcos H. De la Morena Cuando parecía que el encarcelamiento de los Jordis (Sanchez y Cuixart) serían las acciones más duras por parte de la justicia española contra el ‘procés’, la juez Carmen Lamela, instructora de las investigaciones contra el secesionismo catalán en la Audiencia Nacional, ha decretado esta misma tarde prisión incondicional para Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y también para siete exconsellers.
Lamela ha acusado a todos ellos de los mismos delitos por los que ya se investiga a Puidemont y Forcadell, expresident del Govern y del Parlament respectivamente. Son rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, todos ellos relacionados con las acciones llevadas a cabo por el Ejecutivo catalán y la Cámara de decisiones autonómica durante el referéndum ilegal del 1-O, sus días previos, y también la DUI (Declaración unilateral de independencia) del 27-O.
Además, la Fiscalía General del Estado, autoridad que se querelló contra Govern y Parlament el pasado lunes, ha solicitado a la magistrada que emita una orden europea de detención contra el president Puigdemont y el resto de miembros de su cesado Ejecutivo, ya que siguen en Bruselas sin obedecer a la citación que les obliga a declarar ante el Tribunal Supremo.
En cuanto a Junqueras y los consellers detenidos, formaban parte de los miembros del Govern que decidieron permanecer en España en lugar de huir a Bélgica, y ya han sido trasladados a las prisiones de Estremera y Alcalá-Meco.
Sin embargo, hay un cargo catalán que ha conseguido eludir la prisión incondicional. Se trata del más que posible candidato a las elecciones del 21-D por el PDeCAT, el ‘moderado’ Santi Vila, exconseller de Empresa, quien dimitió el pasado viernes justo después de que el president Puigdemont se negase a convocar elecciones autonómicas, y por tanto momentos antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, decidiese cesar por la fuerza a los cargos del Govern aplicando el artículo 155 de la Constitución. Según ha decretado Lamela, Vila podrá salir de las dependencias penitenciarias si abona su fianza de 50.000 euros.
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