Este lunes 5 de noviembre se decide quien paga el impuesto de actos jurídicos documentados. Los 31 magistrados de la Sala de lo Contencioso – Administrativo del Supremo debrán fijar quien hace frente a este impuesto, es decir si mantienen la decisión de que son los bancos o si por el contraio vuelve a recaer sobre el cliente.
En la última semana los bancos han presentado las cuentas y no tienen intención de asumir la sentencia del Supremo que les obliga a hacer frente a ese coste. Las grandes entidades han asegurado que siempre han actuado conforme a la ley y que es diferente un cambio de legislación a asumir los costes de esta decisión de manera retroactiva.
“Comprendemos el revuelo mediático, pero estamos hablando de una sentencia que dice que una norma en vigor durante años no es válida. Sí esa norma no es válida, deja de serlo inmediatamente el efecto retroactivo. Por cumplir una norma es difícil aceptar que haya una penalización”, aseguraba Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.
“No contemplamos hacer provisiones por una eventual retroactividad sobre el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Sería inédito. No tiene sentido penalizar a quien ha cumplido la ley” puntualizó el consejero delegado de BBVA, Carlos Torres.
El pasado 18 de octubre el alto tribunal estableció que el impuesto de Actos Jurídicos Documentados de las hipotecas debe pagarlo el banco y no el cliente. Este impuesto supone entre el 0,5 % y el 1,5 % de la responsabilidad hipotecaria. Este nuevo rumbo que ha tomado el Supremo deja abierta la puerta para quienes en su día pagaron ese impuesto puedan reclamar a las entidades financieras la devolución lo que tendría un coste millonario para los bancos.
