logo twDiana Fernández

  • La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y medio de prisión
  • Cuando este llegó a Caja Madrid el que fuera  director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, le entregó una tarjeta para uso personal y con carácter remuneratorio, y otra para gastos de representación

El juicio de las» tarjetas black», que comenzó la semana pasada, se ha reanudado este martes por la mañana. Rodrigo Rato ha sido el principal protagonista del encuentro y ha defendido en todo momento que el entramado era un sistema legal. Por el turno de interrogatorios han pasado 65 directivos de Bankia y Caja Madrid. La Fiscalía Anticorrupción pide cuatro años y medio de prisión para Rato.

Durante la vista el expresidente de Bankia ha explicado el proceso de utilización de las «black» y asegurando que «lo consideré y lo considero plenamente legal». Para recibir tales tarjetas había una jerarquía “creo que las entregaba el secretario general, a mi el director financiero y a los miembros del comité de dirección, el presidente anterior”. Todo comenzó con la llegada de Rodrigo Rato a Caja Madrid, fue entonces cuando el que fuera  director general, Ildefonso Sánchez Barcoj, le entregó una tarjeta para uso personal y con carácter remuneratorio, y otra para gastos de representación. Según ha alegado, lo interpretó como una forma de pago para los órganos de gobierno y para el comité de dirección.

La defensa de Rato descansa en que las tarjetas «eran parte de mi retribución y estaban reflejadas en mi contrato» además ha lanzado un órdago: “No me parece ni bien ni mal el sistema, ni podría afirmar que se trató de la única entidad en España en aplicarlo”. Los órganos responsables de gestionar estas cuantías nunca se pusieron en contacto con este para quejarse de «el menor problema regulatorio o fiscal».De hecho la entidad, Caja Madrid, tenía en 2004 un Comité de Retribuciones que tenía como misión «fijar incentivos».

Las tarjetas tenían un máximo que Rato asegura no recordar si lo consumió por completo en algún momento pero en caso de que así fuera, entiende que  “estaba dentro de sus derechos y de sus posibilidades”. Por lo que no se podía reprochar nada en este aspecto, según el expresidente. Además ha asegurado que en ningún momento modificó los limites que tenía la tarjeta.

La Fiscalía Anticorrupción pidió cuatro años y medio de prisión y una multa de 108.000 euros además de una indemnización de 2,6 millones de euros. Según el escrito, el expresidente de Caja Madrid empleó este dinero en comidas y hoteles de lujo y disfrutó de una vida de alto copete con este dinero. La suma ascendió a 99.084 euros.