El apretón de manos ente Juan Caros Girauta y Rafael Hernando fue un trámite para conseguir la presidencia o así lo ha explicado hoy Fernando Martínez Maíllo. El acuerdo con Ciudadanos recogía unas medidas que tendría que instalar el Partido Popular entre las que se encontraban la limitación de mandatos o la supresión de los aforamientos. Esto, según el número tres del PP, fueron «lentejas». Es decir, o las tomas o las dejas y si querían el gobierno tenían que aceptar.
Después de que asegurase esto, hoy ha dado un leve paso atrás asegurando que eran expresiones hechas y que la intención del partido era cumplir con lo establecido pero «al desarrollarlas nos habíamos encontrado con dificultados e incompatibilidades».
Durante las negociaciones, según el ejecutivo del PP, se plantearon una serie de «dudas legales» a la hora de abordar el pacto pero finalmente fue necesario firmarlo sino no recibirían el apoyo de los diputados del equipo de Rivera. Ha precisado que «para muchas cuestiones de ese documento era imprescindible hacer reformas legislativas e incluso constitucionales, ellos lo saben y nosotros también, y requieren un respaldo político que con PP y Ciudadanos no basta”.
El pacto que se firmó antes de la investidura de Mariano Rajoy tená como condición que las medidas se aplicasen en los primeros tres meses de Gobierno, hoy se ha expirado el tiempo previsto y únicamente se han cumplido dos medidas. Se ha creado una subcomisión para la reforma de la Ley Electoral y se ha aceptado la tramitación de una proposición de ley del PSOE que modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, de 1870, para prohibir que esta medida se conceda a políticos condenados por corrupción y a delitos relacionados con la violencia de género. Una vez consumido el tiempo límite en el que se ha puesto de manifiesto la viabilidad del trato, el PP no plantea aún previsiones de cumplimiento dado que han separado al presidente de Murcia del pacto y entienden que no forma parte de las medidas por lo que como ya han asegurado, seguirá en su cargo.
- Imputados. Separación de cualquier cargo público que haya sido imputado formalmente por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial. No se cumple.
- Aforamientos. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y públicos. C’s quiere una reforma exprés de la Constitución, pero el PP no pretende cumplirlo.
- Ley Electoral. Nueva ley con estos principios: más proporcionalidad, listas desbloqueadas, reforma del sistema de voto de los ciudadanos residentes fuera de España y desaparición del voto rogado. Hay creada una subcomisión en el Congreso.
- Indultos. Eliminación de la posibilidad de indulto a condenados por delitos de corrupción. Se cumple.
- Presidente. Limitación del mandato del presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos legislaturas. El PP lo cuestiona.
- Financiación. Creación de una comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP. Está en proceso, pero la multiplicación de comisiones de investigación en el Congreso la ha dejado sin fecha para los próximos meses.