logo twMarcos H. De la Morena 

Artur Más llevará ante el tribunal supremo su condena por el juicio del 9N, al considerar que al inhabilitarle durante dos años se han vulnerado algunos de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Española. Este será el argumento central de su apelación, cuyo objetivo es lograr la absolución total.

Tanto el expresident como sus dos consejeras  (la ex vicepresidenta Ortega y la exconsejera de Enseñanza Rigau) fueron condenados a penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos, debido a que realizaron la consulta soberanista del 9n, olvidándose de la prohibición que el Tribunal constitucional les había impuesto apenas cinco días antes. La condena les impide, por tanto, presentarse como candidatos en una lista electoral, entre otras cosas.

El escrito presentado por la defensa del expresident señala 13 motivos de recurso, la mayoría de ellos por “infracción de ley”, o por “vulneración de artículos del Código Penal”. También se alega que el TSJC podría haber incurrido en un “error en la valoración de la prueba documental”. Se trataría del informe emitido por el llamado Consejo Asesor para la Transición Nacional después de que el Constitucional prohibiera, el 4 de noviembre, la consulta independentista del 9-N.

La defensa de Mas también argumenta cinco razonamientos base en el texto, los cuales tienen que ver con la “infracción de preceptos constitucionales”. Sus abogados fundamentan que la sentencia del juzgado vulnera derechos fundamentales del expresident, como el derecho a la presunción de inocencia y a un proceso público con todas las garantías, además del derecho a la tutela judicial efectiva. Consideran por tanto que se han infringido varios artículos de la Constitución Española. En concreto, el artículo 25 (“nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito”), el 14 (“los españoles son iguales ante la ley”), y el 23.1 (“los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos”).


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