Se multiplican los interrogantes a medida que se desvelan detalles de la instrucción de la denominada ‘Operación Lingotes’, una presunta estafa ocurrida en Zaragoza de empresarios del sector de la chatarra y de los tres clasificadores de la mercancía -trabajadores de la empresa Arcelormittal Zaragoza- que eran los encargados de su pesaje y clasificación.
Supuestamente y según las acusaciones -que beben en las fuentes de un informe anónimo recibido el 13 de marzo de 2013 en el fax de la multinacional-, los clasificadores en connivencia con los chatarreros falseaban el porcentaje de áridos en la carga, hacia la baja, con objeto de percibir una comisión. Pero, ¿qué sabemos hoy sobre las motivaciones de la acusación, hoy bajo sospecha?
Que la multinacional Arcelormittal se encontraba en una profunda crisis hace cuatro años no es ningún secreto. The Telegraph publicaba el 25 de junio de 2016 la noticia “Steel crisis spreads to Europe as Arcelor Mittal shuts Spanish plant. Steelmaker mothballs Spanish plant, showing crisis that has cost 5,000 UK jobs is spreading to Europe”, en relación al cierre de la factoría de Sestao.
Por otra parte, The New York Times había publicado el 13 de febrero de 2015 “ArcelorMittal Reports $955 Million Loss”, refiriendo esas pérdidas masivas al cuarto trimestre de 2014. Por último, The Guardian el 6 de noviembre de 2015 publicó “Steelmaker ArcelorMittal loses $1.3bn in nine months”, cifrando en 1.300 millones de dólares las pérdidas de los primeros nueve meses de 2015.
Precisamente la sospecha sobre las motivaciones de la acusación pivota sobre si detrás de esa profunda crisis en Arcelormittal (provocada por el acero chino, y que se extendía a todas sus factorías nacionales e internacionales), pudiera estar el motivo de la puesta en marcha y de forma paralela de la denuncia sobre dos supuestas estafas, con objeto de mejorar los números o cuentas de resultados.
La primera de ellas, en las factorías de Avilés y Gijón practicada por la empresa Cortravel SL, que se solventó en la Audiencia Provincial de Asturias absolviéndola del pago de más de un millón de euros, y absolviendo de penas de cárcel a sus administradores. La segunda, la ya conocida de Arcelormittal Zaragoza, encuadrada en la ‘Operación Lingotes’.
La sospecha sobre las motivaciones se acrecienta al conocer casos de mala praxis de la compañía, dilatados en el tiempo y en el espacio. The Telegraph informaba el 22 de septiembre de 2013 “ArcelorMittal may face criminal charges over share deal. ArcelorMittal, the steelmaking giant controlled by billionaire Labour donor Lakshmi Mittal, is under a criminal investigation that theoretically leaves it exposed to a multi-billion euro fine”, donde el rotativo británico cuestionaba su oferta de acciones. En otro caso, la multa que sufrió en Sudáfrica de 110 millones de dólares por la fijación de precios, el escándalo apareció en The Daily Mail el 22 de agosto de 2016: “ArcelorMittal to pay $110 mn fine for price fixing in South Africa”.
En Zaragoza, y en el marco de la ‘Operación Lingotes’, aparece un hecho inusual que plantea la hipótesis de la “investigación teledirigida” desde el Grupo de Atracos de la Brigada Regional de Policía Judicial de Zaragoza y del Inspector Nº 96996.
Los hechos se iniciaron el día 17 de abril de 2015 cuando asaltaron en su garaje al clasificador de Arcelormittal Zaragoza, JBM, al que luego llevaron a su domicilio con objeto de robarle. Ese episodio se denunció en atestado policial, que finalizó a las 08.50 horas de esa misma fecha incluyendo las declaraciones del asaltado y de su vecino SMA. Ese mismo atestado se remitiría, paralelamente, de forma irregular, a dos juzgados a la vez. Al nº 6 en la fecha que discurren los acontecimientos, y al nº 7 al día siguiente, 18 de abril.
El trámite procesal no es menor. El juzgado de guardia el 17 de abril, al que hubiera correspondido instruir el sumario, es el nº 6. Pero a este juzgado se le va dejando de lado desde instancias policiales, a pesar de haber sido el que tras abrir diligencias previas ordenó mediante auto de 17 de abril la intervención telefónica de los IMEIs de los móviles sustraídos a JBM y a su pareja. Del resultado de esta (en apariencia) crucial intervención no se llegó a dar cuenta reglamentariamente, como debió ser preceptivo, al titular del citado juzgado nº6. Sí se informó, en cambio, al titular del nº7. ¿Con qué intención y en base a qué motivos que han provocado que la instrucción se haya mantenido viva hasta hoy?
MÁS INFORMACIÓN:
Corrupción empresarial: ¿Cabos sueltos en la ‘operación lingotes’?
