“Requisar urnas y todo material destinado a preparar y celebrar el referéndum del 1 de octubre”. Así de claras han sido las ordenes transmitidas desde la Fiscalía de Cataluña al despacho del mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero.
Con esta petición expresa, las autoridades judiciales tratarán de evitar lo que ya han denominado como “consumación del delito”, es decir, que llegue a celebrarse la consulta soberanista convocada por el Govern de Puigdemont. Por ello se lo han transmitido tanto a Trapero como a los responsables de Guardia Civil, Ángel Gonzalo y Policía Nacional, Sebastián Trapote, con el objetivo de que los tres cuerpos de seguridad del estado se coordinen bajo la supervisión de la justicia española.
Deberán por tanto «adoptar las medidas necesarias para intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal, requisando urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas electorales, impresos electorales, propaganda electoral, elementos informáticos, así como cualquier otro material de difusión, promoción o ejecución del referéndum ilegal», según se resume en la instrucción de nueve páginas por la Fiscalía Superior de Cataluña de acuerdo a las resoluciones del Tribunal Constitucional.
En concreto, se ordena a policías y demás cuerpos “actuar ante cualquier acto ejecutado por autoridades, funcionarios, o particulares en connivencia con aquellos dirigidos a preparar y celebrar el referéndum de autodeterminación ilegal”. Sin embargo, ningún cargo de los Mossos ni por supuesto el propio Trapero han comunicado que vayan a acatar esta orden, aunque sí se espera que se pronuncie al respecto a lo largo de las próximas horas.
Por último, la Fiscalía también ha recordado a los tres altos cargos que tanto ellos como la Policía Judicial están obligados a seguir las instrucciones directas de este organismo, “a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes”.
