Si finalmente se ejecuta el decreto que aprobó el Congreso de los diputados el 13 de septiembre, la familia de Franco intentará enterrarlo en la catedral de La Almudena, en Madrid tal y como figura en el escrito que presentó la familia de Franco en el Ministerio de Justicia. En el escrito la familia habla de la “inconstitucionalidad” de la modificación de la Ley de Memoría Histórica por “la inexistencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad”.

El Gobierno ya aseguró que la exhumación se daría con o sin el consentimiento de la familia. La catedral de la Almudena es en el que se celebran los funerales y las misas de Estado. La familia ha asegurado que los restos del dictador “corresponden en exclusiva a su familia, que ha manifestado de forma firme, expresa y unánime su expresa oposición a la exhumación y traslado de sus restos a lugar distinto del sepulcro que ocupan en la actualidad”.

La familia ha asegurado que la exhumación del Valle de los Caídos “se trata de la imposición forzosa por parte del Estado de una exhumación no consentida por los titulares del derecho fundamental, una imposición que vulnera frontalmente tales derechos fundamentales y que, por ello, no debe encontrar encaje constitucional”.

Actualmente el Valle de los Caídos acoge los restos de, al menos, 33.847 personas. Se conoce la identidad de  21.317 de ellas y se ignora la de las restantes 12.530. En el documento, presentado este viernes por Francisco Franco Martínez-Bordiu, también razona la “nulidad radical del acuerdo de incoación del presente procedimiento ante la falta de jurisdicción de la Administración del Estado sobre la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos que, como lugar de culto, tiene garantizada su inviolabilidad en virtud de los Acuerdos de 3 de enero de 1979 firmados entre el Reino de España y la Santa Sede“.