logo twMarcos H. De la Morena 

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor de la trama Púnica, ha decretado la apertura de juicio contra el ex número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid y miembros de la Guardia Civil, por según los hechos, alertar en 2014 al propio Granados de que estaba siendo investigado por corrupción junto con su socio, el empresario David Marjaliza.

La Fiscalía Anticorrupción pide 1 año de prisión para cada agente por obstrucción a la justicia, y tres para Granados por violación de secretos, al usar su conocimiento de la causa judicial a su favor.

En el auto, el juez Velasco asegura que, según las investigaciones, a principios de septiembre de 2014, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, de la sección de ‘apoyo técnico’ en la Unidad contra el Crimen Organizado (UCO), recibió el encargo de preparar un vehículo camuflado que iba a ser instalado frente a las oficinas de Marjaliza para seguirle la pista tras las sospechas de delito.

Según el magistrado, Talamino habría alertado a su amigo José Luis Caro Vinagre, guardia civil en excedencia que desempeñó cargos de confianza en la Comunidad de Madrid de la mano del ex político. El 5 de septiembre, Talamino avisó a Caro Vinagre de los seguimientos, para al día siguiente advertir a Granados de que sus compañeros habían puesto un dispositivo de seguimiento a Marjaliza.

Dos días más tarde, el propio Talamino habría desvelado que el grupo que investigaba al constructor era el de ‘delitos contra la Administración’, dando a entender que se trataba de un delito por corrupción. Finalmente, el 13 de septiembre ambos guardias se habrían reunido con Granados para contarle los avances en la investigación, para que el político pudiera hacer algo para ocultar sus negocios.

Según el juez, la divulgación de la información reservada por parte de Rodríguez Talamino “obstaculizó y entorpeció gravemente el curso de la investigación” de la UCO en el caso Púnica. “Este chivatazo menoscabó la prestación del servicio público de la Guardia Civil y causó un importante daño a la causa pública”, añade el escrito del magistrado.


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