El Gobierno central supervisará el referéndum del 1-O para que no haya desvío de fondos. La comisión delegada de asuntos económicos que preside Rajoy, ha impuesto un control preventivo para que la Generalitat no pueda desviar dinero para financiar la consulta. Esta vigilancia ya se efectuaba por el Ministerio de Hacienda en 2015 pero ahora se ha reforzado ante la «radicalidad» de la situación. La comisión ha aprobado que haya un sistema de control a la Generalitat de Cataluña cada semana gastos e ingresos a todos los interventores de las consejerías, responsables económicos financieros de las entidades públicas con capacidad de gasto.

El Ministerio de Hacienda será el responsable de verificar los informes. En caso de que no cumplan los requisitos que exige el Gobierno central, se paralizará en la cuantía oportuna las entregas de dinero a la comunidad catalana procedentes del Fondo de Liquidez Autonómica. Esta orden entra en vigor desde este sábado, tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El ministro del Interior, Méndez de Vigo, aseguró que se trataba de una «medida preventiva» para evitar que el dinero público se emplee en la causa. A su juicio ahora la situación ha llegado a «un clima de radicalidad» que se ha apoderado de la Generalitat.  “Es una actuación preventiva para garantizar que el dinero de todos los catalanes va a donde todos los catalanes quieren que vaya y no solo algunos pocos. Es una medida preventiva y de prudencia; hemos querido dejar bien claro a todos, a los consejeros para que no esgriman como en el 9-N que no lo sabían y para los funcionarios que firman, para que no se escondan en la obediencia debida”. insistió el portavoz del Ejecutivo.