La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, tendrá que prestar declaración ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, organismo que ha citado también a otros cinco componentes de la Mesa de la Cámara de decisiones catalana.
Junto con Forcadell, los ya exparlamentarios Lluis María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, y Joan Josep Nuet deberán declarar en calidad de investigados (anteriormente imputados) por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Estos tres delitos fueron incluidos en la querella que el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, presentó ayer ante el Tribunal Supremo contra ellos, además de en la Audiencia Nacional contra el expresident Puigdemont y el resto de su Govern.
Los acusados en el TS deberán acudir los días 2 y 3 de noviembre ante el juez Pablo Larena, magistrado instructor de la causa. Este caso tiene su origen en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) proclamada el pasado 27 de octubre por el Govern de Catalunya, y votada en secreto en el Parlament tras la aceptación tanto de la presidenta Forcadell como de los parlamentarios de la Mesa que han sido imputados.
Según la comunicación del Tribunal, no existe una hora específica para las declaraciones, por lo que los investigados deberán personarse en dependencias judiciales los días citados a partir de las 9:30 horas junto con sus respectivos abogados.
Para la Sala, los presuntos delitos cometidos por los políticos catalanes son “perfectamente explicables”, debido al “reparto de cometidos en su comisión”. Para los magistrados, se han producido «contribuciones fácticas de muy distinto signo y, precisamente por ello, ejecutadas en diferentes puntos geográficos». Por último, el auto dictado por unanimidad concluye que los efectos principalmente del delito de rebelión “se proyectan de manera incuestionable sobre el conjunto del Estado”.
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