logo twDiana Fernández

  • El escrito recoge que Homs “era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat”
  • Pide nueve años de inhabilitación o de siete años y medio con una multa de 30.000 euros.

La participación de Homs en la consulta soberanista del 9-N ha tenido respuesta. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido este miércoles una pena de nueve años de inhabilitación o de siete años y medio con una multa de 30.000 euros. El ministerio Público ha pedido a través de un escrito que se lleve  a cabo esta pena. El fiscal ha señalado que el diputado del Partido Demócrata Catalán cometió delitos de prevaricación y desobediencia grave al tener presencia en la consulta.  “Era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones del Tribunal Constitucional”, apunta el fiscal.

“No adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones ni actos que se desarrollaban para la celebración de dicha consulta que dependían directamente del Departamento de la Presidencia del que era titular”, sino que “impulsó activamente los trabajos preparatorios de la convocatoria”, recoge el informe. Los delitos los recoge el artículo 404 del Código Penal (prevaricación) y el 410.1 por desobediencia a la autoridad pública.

Cabe recordar que Homs se encuentra aforado por su condición de diputado nacional aforado ante el Supremo mientras que los otros tres investigados lo están ante el TSJ como diputados autonómicos, Mas, Rigau y Ortega. En el inicio de investigación del caso, Homs no se encontraba en la querella de la Fiscalía, pero la investigación de los tres ya mencionados, vio una implicación directa de Francesc Homs de forma “abierta obstinada y pertinaz”.

Según la Fiscalía,”articularon de común acuerdo una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional”. Además considera que la participación del diputado de PdeCat fue “crucial” para el 9-N ya que según el escrito, el día 7, la empresa T-Systems, a quien el CTTI había mandado construir los programas informáticos necesarios para el desarrollo de la votación, entregó las aplicaciones que los contenían a los responsables del CTTI para que otro contratista privado pudiera después instalarlas en los ordenadores.

“Esos trabajos resultaban esenciales para la celebración del proceso habida cuenta de que T Systems estaba encargado de tres programas informáticos, dos para ser instalados en los ordenadores portátiles que se distribuirían a las mesas de votación y uno para ser instalado en los centros de procesamientos de datos del propio”, apunta el fiscal.

Además añade que Homs “legitimó e impulsó la continuación de los trabajos, señalando que no estaban afectados por la Providencia del TC, e inclusive llegó a poner a disposición de  CTTI los servicios jurídicos de su departamento para el caso de que hubieran de ser ejercitadas acciones legales si T-Systems  no desarrollaba tales trabajos, lo cual condujo a que los mismos prosiguieran y culminaran en los días sucesivos”.