En democracia no todo vale en la lucha contra la corrupción, la constatada pero especialmente la presunta. Es la razón por la que con carácter urgente el Parlamento Europeo ha pedido a España, a través del Consejo General del Poder Judicial, que se revise el polémico proceso que jueces, fiscales y policía en Las Palmas de Gran Canaria conducen contra el supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España, el jubilado empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev.

Acusado de lavar una cantidad próxima a los 20 millones de euros a favor del presidente de Guinea Ecuatorial, Kokorev suma 25 meses de prisión preventiva junto a su joven hijo Igor y hoy atraviesa una grave situación humanitaria: “dolor torácico opresivo, controles de tensión arterial elevados, utiliza nitroglicerina sublingual, sufre mareos con sensación de inestabilidad y visión borrosa de forma frecuente, debilidad con parestesias en hemicuerpo izquierdo y presenta gran componente de ansiedad”, con un cuadro de cardiopatía isquémica y diabetes, según el último informe médico que han desconsiderado la jueza Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río Montesdeoca, principales focos de la denuncia de la UE.

Por ésta, entre otras razones, desde Bruselas el europarlamentario Fulvio Martusciello, ha pedido la revisión de las actuaciones adoptadas no sólo por la instructora sino convalidadas desde la Audiencia Provincial de Las Palmas y que han podido estar contaminadas por la xenofobia de algún magistrado. A su juicio, la instrucción desde las Islas Canarias del llamado ‘caso Kokorev’ está resultando “un ejercicio sin precedentes de abuso del poder judicial, desprecio franco de los derechos más fundamentales y un ejemplo de tratamiento injusto a personas que son discriminadas por razón de su origen, aún siendo ciudadanos europeos de pleno derecho”.

El proceso que ahora inicia la Eurocámara en varios frentes cuestiona una dilatada investigación de este caso de presunta corrupción político-empresarial, que se arrastra desde hace una década (cuando el caso cayó inicialmente en manos del inhabilitado y prevaricador magistrado Baltasar Garzón), sin la presencia aún de auto de procesamiento y sobre el que la propia AP ha admitido que la investigación aún “no tiene un horizonte que nos marque su fin”. Ello, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción, con los preceptivos informes del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales del Banco de España (SEPBLAC) lo archivó hasta en dos ocasiones. Precisamente la semana pasada en Bruselas, el embajador de Guinea Ecuatorial ante la Unión Europea, Carmelo Nvono, ratificó oficialmente el carácter lícito y las relaciones comerciales y transparentes (en el sector naviero) que Vladimir Kokorev mantuvo hace ya más de una década con la ex colonia española.

Los abogados de la familia Kokorev han anunciado recientemente en Bruselas que llevarán el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tras pasar por la Comisión de Peticiones, entre otras razones por la aplicación de medidas que no sólo han supuesto “una privación cautelar de la libertad de forma desproporcionada o irrazonable”, sino que además han originado que ésta tenga “un carácter punitivo en cuanto al exceso y constituyendo una suerte de pena anticipada”. En este sentido, la denuncia salida de la Eurocámara plantea la violación de forma sistemática y deliberada por la jueza De Vega Serrano (con el amparo del fiscal Del Río Montesdeoca) del artículo 3 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, que expresamente prohíbe “que las personas bajo investigación no puedan ser sometidas a tratos inhumanos o degradantes”.

En la denuncia emanada de las instituciones comunitarias se recoge que, entre otras vulneraciones de derechos humanos que afectan al dilatado proceso conducido en Canarias y al derecho a un juicio justo, “está la irregular y anómala situación que se está produciendo por la intervención de numerosos equipos informáticos durante ya casi dos años a disposición de la Policía sin que el juzgado haya permitido a las defensas acceso alguno al análisis de los mismos ni a la investigación”.

La Audiencia Provincial de Las Palmas acaba de corregir a la instructora de Vega ordenando por vez primera el volcado de todos los soportes informáticos incautados a la familia, asentada desde hace más de dos décadas en España. Desde su recogida por las fuerzas de seguridad hace más de dos años, sin intervención ni control judicial, la UDYCO en Canarias trabaja sobre el material directamente sin conservarse originales debidamente custodiados por el Juzgado encargado de la investigación.