logo twDiana Fernández

Cristina Cifuentes no será investigada por la Guardia Civil a pesar de que la UCO presentase un informe con indicios claros. El juez de la Púnica, Eloy Velasco, entiende que la presidenta de la Comunidad de Madrid no estuvo vinculada con la adjudicación de contratos a la cafetería de la Asamblea de Madrid. Cifuentes ha calificado las acusaciones como «juicios de valor sin fundamento jurídico» y apuntó hacia una conspiración contra su imagen.

La dirigente ha recordado que fue vocal de Fundescam entre 2005 y 2008 , es decir, su labor en la entidad terminó un año antes de que se adjudicase el contrato de Arturo Fernández del que le responsabilizaba el informe de la UCO. Este rezaba que existe   “coincidencia [entre] integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con miembros de Patronato FUNDESCAM e integrantes del Comité de Campaña como Cristina Cifuentes Cuencas, quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos con Ia [responsabilidad] de ejercer como Presidenta de Ia Mesa de contratación, circunstancia contraria a Ia legalidad y que vulnera Ia imparcialidad que debe presidir Ia actuación de Ia Presidenta de Ia mesa de contratación”.

Cifuentes ha apuntado que “en todos los años que fui presidenta de la mesa de contratación de la Asamblea, el 100% de las decisiones se tomaron por unanimidad de todos los partidos y en base a los informes técnicos. Por lo tanto jamás la representación política entró a valorar las propuestas de las servicios técnicos de la Cámara”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid entiende que esto es una estrategia política y ha asegurado que es mucha casualidad que la Guardia Civil haya pedido su investigación cuando “Podemos ha presentado una moción de censura y yo no creo en las casualidades”.

El informa de la UCO acusa a Cristina Cifuentes de “vulnerar la imparcialidad” de la mesa de contratación ya que “compatibilizó” su cargo como integrante del patronato Fundescam con su cargo dentro del comité de campaña del PP. Esta empresa había recibido 160.000 euros Arturo Fernández que fueron utilizados para la campaña electoral en las autonómicas de 2007. La UCO entiende que “se aprecia la presunta participación” de Cristina Cifuentes y que a través de Fundescam “determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”. Fueron en estos “contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”