Diana FernándezLa Guardia Civil ha pedido investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Según recoge el informe de la Unidad Central Operativa (UCO), Cifuentes está implicada en la financiación irregular del PP regional. Se le acusa de «prevaricación y cohecho» por supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid. La empresa a la que se le encargó la obra esGrupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fernández.
El informe recoge que existe «coincidencia [entre] integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con miembros de Patronato FUNDESCAM e integrantes del Comité de Campaña como Cristina Cifuentes Cuencas, quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos con Ia [responsabilidad] de ejercer como Presidenta de Ia Mesa de contratación, circunstancia contraria a Ia legalidad y que vulnera Ia imparcialidad que debe presidir Ia actuación de Ia Presidenta de Ia mesa de contratación».
Se acusa a Cristina Cifuentes de «vulnerar la imparcialidad» de la mesa de contratación ya que «compatibilizó» su cargo como integrante del patronato Fundescam con su cargo dentro del comité de campaña del PP. Esta empresa había recibido 160.000 euros Arturo Fernández que fueron utilizados para la campaña electoral en las autonómicas de 2007. La UCO entiende que «se aprecia la presunta participación» de Cristina Cifuentes y que a través de Fundescam “determinados empresarios y organismos empresariales, ingresaron en el año 2007 importantes cantidades de dinero que fueron empleadas para sufragar gastos electorales no declarados como tales”. Fueron en estos “contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”
De esta forma la Guardia Civil sitúa a Cristina Cifuentes al frente de un trato de favor a Arturo Fernández a través de Fundescam, empresa creada por el PP que capta financiación. El Grupo Cantoblanco “no presentó certificaciones que avalasen la experiencia”, tal y como reza el informe.
María Virtudes Merino, jefa de protocolo de la Asamblea e integrante del comité de expertos, declaró a la Guardia Civil que se mantuvo una reunión “muy corta» y «meramente expositiva» para analizar la valoración de las ofertas presentadas a esta adjudicación. El encuentro tuvo lugar en el despacho de Cifuentes pero «no había nada que discutir» ya que el contrato ya estaba adjudicado.
