RESUMEN DEL CASO

En 2006, el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, en Murcia, decidió impulsar un proyecto de 10.000 metros cuadrados que constaría de un teatro auditorio, un palacio de congresos y escuelas de música y danza. Su alcalde por aquel entonces, Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular, defendió esta construcción como un gran foro ciudadano para los 13.000 habitantes del pueblo.

Las irregularidades comienzan cuando, ese mismo año, el estudio de arquitectura de Martín Lejárraga se hace cargo del proyecto. El Ayuntamiento no firma ningún papel con ellos, sino que el acuerdo es verbal, sin ningún tipo de soporte documental. Estas conversaciones se materializan en un anteproyecto para concurso público dotado con 6 millones de euros.

Finalmente se adjudicó a la empresa Ecisa SA, quien presenta un cálculo presupuestario de la obra con el coste exacto de la subvención que proporcionaría la Comunidad para esta construcción. Sin embargo, este presupuesto estaba por encima del máximo establecido en el concurso, pero aun así el Ayuntamiento lo pasó por alto.

Tras diversas complicaciones estructurales, como varios cambios de emplazamiento, Pedro Antonio Sánchez da por terminada la obra en 2012 (un año después de la fecha prevista) y liquida su deuda con la empresa. Pese a esto, un 38% de la construcción seguía sin acabar, ya que aún faltaban el Auditorio proyectado y parte de la pérgola que lo unía al resto de edificios.

En este punto es donde comienzan a apreciarse los hechos delictivos. El Ayuntamiento recibió primero una subvención con la que cubrió el coste de todo el complejo, y después saldó la deuda cogiendo dinero del Plan de Pago a Proveedores de 2012, incluido en los Presupuestos de ese mismo año, aprobados en pleno. Es decir, pagó dos veces por la misma obra.

Ese mismo año, el PSOE de Puerto Lumbreras advirtió las irregularidades, las reunió en una denuncia y las llevó a la Fiscalía. Tras comprobarse que podrían tratarse de hechos constitutivos de delito, el Fiscal jefe de Murcia transformó la denuncia en una querella con un auto directo contra Pedro Antonio Sánchez, y se comienza a investigar tanto la adjudicación de proyecto a Lejarraga, como el concurso público y los costes de la construcción.

El fiscal entonces pide imputar un delito de prevaricación, más otro de malversación de caudales públicos, al adjudicar el Ayuntamiento 340.000 euros de más en el concurso público. También atribuye a Sánchez por fraude a la Administración, por dar por acabadas obras sin terminar (que para finalizarse requerían otros 2 millones de euros) y además le acusa de fraude por la irregularidad de los documentos en los trámites de todo el proceso

Tras esto, el TSJMU se deshace del caso y lo pasa a un juzgado de Lorca, ya que aunque sería el propio TS quien debería juzgar a Sánchez por su condición de aforado, los otros 19 imputados en el caso no gozaban de ella y debían ser remitidos a un juzgado de primera instancia.

El Juzgado de Lorca continuó investigando hasta que a finales de 2016, cuando la jueza instructora del caso pide al TSJMU que se impute a Sánchez y al resto de acusados de forma oficial, ya que su investigación le había llevado a concluir que existían indicios de responsabilidad penal en los supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude, falsedad en documento público u oficial. Es decir, la misma acusación que formuló el fiscal en un primer momento.

A día de hoy, el TSJM ha asumido de nuevo la causa y ha citado al presidente murciano para tomarle declaración como imputado. Después de que se tomara esta decisión, Manuel López Bernal, fiscal del caso, fue apartado del mismo por el Fiscal General del Estado. Más tarde, Bernal declararía que tanto a él como a sus compañeros de la Fiscalía murciana se les había hecho la vida imposible y se les había presionado para no continuar con el caso.

ACUSACIÓN


Todas las personas físicas de esta trama han sido acusadas por la fiscalía de los siguientes delitos

  1. Prevaricación
  2. Fraude
  3. Malversación de caudales públicos
  4. Falsedad documental

     

DEFENSA


Al gozar de su condición de aforado, Sánchez no puede ser procesado por el momento, por lo cual su abogado no ha realizado ninguna declaración en este sentido.

POLÉMICAS DEL CASO


  1. Pedro Antonio Sánchez estaría también implicado presuntamente en la Trama Púnica, y se le acusa de prevaricación y cohecho.
  2. Después de que el TSJMU decidiera readmitir el caso, el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, decide apartar a Manuel López Bernal, el fiscal que había llevado toda la instrucción y las acusaciones de la trama.
  3. Aunque todos los grupos que constituyen el Parlamento murciano (excepto el PP) han pedido su dimisión, Sánchez mantiene que no dejará su cargo hasta que no se abra juicio oral contra él.

REFERENCIAS


http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/La-jueza-del-caso-Auditorio-eleva-exposicion-razonada-a-la-Sala-Civil-y-Penal-del-TSJ-de-Murcia

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-instructor-del-caso-Auditorio-cita-a-declarar-al-presidente-de-la-Region-de-Murcia-

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Sala-de-Prensa/Notas-de-prensa/El-TSJ-de-Murcia-asume-la-competencia-sobre-el–caso-Auditorio–por-los-presuntos-delito-de-prevaricacion–fraude–falsedad-y-malversacion-