logo twDiana Fernández

  • A su juicio se han violado varios derechos fundamentales al iniciar las investigaciones
  • El abogado del partido ha centrado las acusaciones en el PP de Madrid que estaba en manos de Esperanza Aguirre

Luis Bárcenas y el Partido Popular se ponen de acuerdo. En el juicio del Caso Gürtel han pedido la anulación de la investigación del caso. El más relevante de su historia. La defensa del partido considera que los procesos seguidos en las investigaciones han cruzado la barrera de los derechos fundamentales “desde el derecho a un juez ordinario predeterminado ley, al derecho a un proceso con todas garantías, al derecho a conocer la acusación, al derecho a la tutela judicial efectiva”.

La Audiencia Nacional fue el lugar del reencuentro de toda la cúpula de la trama, Jesus Santos, abogado que desde hace seis años representa al Partido Popular. ha calificado de “ilegalidad” el inicio de las investigaciones de la trama, en referencia a las grabaciones de Francisco Correa, para él, “el acto generador e iniciador de este procedimiento”. Santos, el letrado que defiende al partido en esta causa y que fue fiscal de la Audiencia Nacional, está considerado en esta causa participe a titulo lucrativo. 

Según el representante popular, “no debería ser el PP el que ocupara esta posición sino los grupos municipales de Majadahonda y Pozuelo de Alarcón los que en todo caso deberían ocuparla” con esto señala a Jesús Sepúlveda y Guillermo Ortega, alcaldes de Majadahonda que recibieron comisiones de correa para sufragar gastos de campaña del PP en las elecciones municipales de 2003. El letrado ha hecho hincapié en exculpar al partido a nivel nacional y centrar las acusaciones en el PP de Madrid que por aquel entonces estaba en manos de Esperanza Aguirre.

Las grabaciones que ya fueron retiradas de la causa ya son conocidas aunque judicialmente no estén en el caso y al respecto Santos explicó que “lo que no se ha podido expulsar del procedimiento son los conocimientos que esas conversaciones ilegales y delictivas generaron en funcionarios de la Udef, de la representación del Ministerio Fiscal y del propio juez instructor”. El letrado hizo hincapié en la situación en “es significativo de cara a las repercusiones mediáticas que este proceso tiene. Es significativa nuestra ubicación en esta última fila, en los últimos lugares, detrás de una columna”.

El PP ha acudido al juicio como partícipe a título lucrativo, es decir el que se beneficia del delito cometido a expensas de tener conocimiento de ello. En este caso el delito consiste en el ahorro de los gastos electorales de los ex alcaldes ya que la campaña fue financiada con los fondos de Francisco Correa.

Consideró importante destacar que el escrito de acusación de la Fiscalía recoge que “aún no sabemos qué actos de campaña concretos pueden suponer ese beneficio. No sabemos ni qué, ni quién, ni cómo, ni dónde”, lo que le impide conocer la cantidad exacta. “Si no sabemos origen y no se pueden concretar, tenemos enormes dificultades para alegar pruebas con las que contrarrestarlo. ¿Qué documentos podemos traer, qué facturación de campaña?”.