El Gobierno asiste como mero espectador al provocador espectáculo de Quim Torra y sus secuaces. El president de la Generalitat que  envuelve en lazos amarillos su incapacidad gubernamental como ha demostrado en sus 100 primeros días, incendia las calles con propaganda independentista.

Es libertad de expresión que aquellas personas que quieran porten uno de esos trozos de tela con el que piden libertad para los políticos presos. Colgar lazos amarillos en las principales instituciones se aleja mucho ejercer ese derecho en el que se escuda Torra. Las prácticas del president distan demasiado de las que representan a todos los catalanes.

Quim Torra se aleja en exceso de la institución que representa poniendo a disposición del separatismo a los mossos, utilizándoles como policía política, para perseguir a aquellos que retiran lazos pero no a quien los pone asumiendo el amarillo como parte del mobiliario urbano y partidista. Sin embargo a falta de reacción del Gobierno, los catalanes constitucionalistas han salido en defensa de la democracia para retirar los lazos amarillos, cuya posición les ha protegido de la suerte de aquella mujer apaleada por llevar a cabo la misma actividad. Así funciona la era de los que intentan ser presidentes a golpe de titular y en el filo de la ley.

La alteración del orden público, el asalto a la libertad de expresión, la utilización de los cuerpos de seguridad como policía política, la permanente provocación y su insignifcante actividad gubernamental merecen una reacción inmediata del Estado, que no llega.